Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperadoras | KPMG | PA

Panamá aparece en la primera lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea

Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperadoras

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El 5 de diciembre de 2017, el Consejo de la Unión Europea finalmente publicó su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal tras varios años de diálogos y negociaciones. Esta lista incluye un total de 17 países y jurisdicciones: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

El memo de conclusiones del Consejo indica que estos 17 países y jurisdicciones no han tomado acciones y medidas significativas que resuelvan las deficiencias en materia de transparencia fiscal, equidad tributaria, la implementación de los estándares BEPS1, y su falta de compromiso al diálogo para acordar un plan de acción en cuanto a este tema.

Adicional al impacto en la reputación de las jurisdicciones, la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal del Consejo de la Unión Europea contempla ciertas medidas de defensa de carácter fiscal y no fiscal. La principal medida de defensa para las 17 jurisdicciones es la prohibición de acceso a los fondos de desarrollo europeos. Mientras que deja al criterio de cada país miembro de la Unión Europea, la aplicación de al menos una de las tres medidas de defensa de carácter fiscal que el memo del Consejo de la Unión Europea propone. Dichas medidas de carácter fiscal incluyen la vigilancia estricta de algunas transacciones, el incremento de auditorías a contribuyentes que se beneficien de regímenes fiscales perniciosos, y el incremento de auditorías a contribuyentes que utilicen estructuras o acuerdos en donde se involucren a estas jurisdicciones.

No obstante lo anterior, es importante señalar que consideramos que la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal del Consejo de la Unión Europea y sus medidas de defensa no impactan la situación actual de las empresas de origen europeo que operan en el territorio panameño en cuanto a que su objetivo principal es alentar a que estas jurisdicciones resuelvan sus deficiencias en materia de transparencia fiscal, equidad tributaria, e implementen medidas anti-BEPS en sus legislaciones.

Con respecto a Panamá, el memo de conclusiones del Consejo señala que el país mantiene un régimen fiscal preferencial perjudicial y no se ha comprometido a enmendarlo o eliminarlo antes del 31 de diciembre de 2018.

El criterio 2 del Anexo II menciona las jurisdicciones que se han y no se han comprometido a enmendar o eliminar dichos regímenes, además de las jurisdicciones que tomarán medidas concernientes a la sustancia económica en dichos regímenes. En el contenido de este anexo no se menciona a Panamá como una de las jurisdicciones enmarcadas en alguna de las categorías antes mencionadas.

El gobierno de Panamá ha rechazado rotundamente la inclusión del país en la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal del Consejo de la Unión Europea, en vista de que “desconoce los claros avances del país en materia de cooperación y transparencia fiscal”.

En ese sentido, el gobierno de Panamá implementó el mecanismo de intercambio automático de información (CRS1) promovido por el Foro Global de la OCDE desde agosto de este año, se adhirió a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal en octubre 2016, y se sumó al Marco Inclusivo del proyecto BEPS también en octubre de 2016. Además, se han incorporado a la legislación panameña regulaciones rigurosas en cuanto a blanqueo de capitales, contabilidad de sociedades offshore, entre algunas otras.

Previo a los esfuerzos anteriores, es importante mencionar que Panamá desde el año 2011 ha suscrito un total de 17 convenios para evitar la doble imposición, de los cuales 9 son países europeos (Portugal, Luxemburgo, España, Países Bajos, Italia, Francia, Irlanda, Republica Checa, y Reino Unido) y cuyos convenios mantienen cláusulas de no discriminación y de intercambio de información.

Aunado a todos los esfuerzos anteriormente mencionados, recientemente el gobierno de Panamá anunció su decisión de adherirse al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA)³ con el fin de ampliar la red de países con los que intercambiará información de manera automática, cumpliendo así con el compromiso adquirido ante el Foro Global sobre Transparencia de la OCDE de completar una red de acuerdos satisfactoria para mediados del año 2018.

La decisión del Consejo de la Unión Europea parece discrepar de los resultados de la revisión abreviada de pares de la OCDE, en el cual Panamá fue calificada como una jurisdicción altamente cumplidora (“largely compliant”) con los estándares establecidos por el Foro Global de dicha organización.

El gobierno de Panamá se mantiene activo en el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la OCDE y el Foro Global para combatir la evasión fiscal y promover el intercambio de información fiscal entre administraciones tributarias.

Si desea conocer más información con respecto a este tema, le exhortamos a contactarnos para asesorarle a usted y a su empresa.

 

1 Base Erosion Profit Shifting (BEPS): plan de acción que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

2 Common Reporting Standard

3 Multilateral Competent Authority Agreement

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