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Vence el plazo para la presentación del formulario “extra situ”

Vence el plazo para la presentación del formulario

Carta Informativa N° 2

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A través de Gaceta Oficial No.28376-B de 29 de septiembre de 2017, fue publicada la Resolución No. I-REG-005-017 de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros mediante la cual se deja sin efecto la Resolución No.I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y establece el vencimiento del plazo para la presentación del Formulario Extra Situ para los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a supervisión.

El plazo de entrega establecido mediante la referida Resolución, será a más tardar el próximo 16 de octubre de 2017, el mismo deberá ser remitido electrónicamente a la dirección de correo electrónico int-extrasitu@mef.gob.pa, el formulario podrá ser descargado a través del sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pa. El incumplir con la presentación del formulario Extra Situ, acarrea una sanción disciplinaria y una multa de B/.5,000.00 a B/.1,000,000.00.

El artículo 23 de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 que, entre otras cosas, adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, incluye como sujetos obligados no financieros a las empresas establecidas en el Agencia Panamá-Pacífico.

Principales obligaciones de los sujetos obligados no financieros establecidos en el Área Panamá-Pacífico:

Debida Diligencia

Mantener la debida diligencia en sus operaciones con personas naturales y jurídicas.

Personas naturales:

  • Identificar la identidad del cliente por medio de fuentes oficiales independientes.
  • Identificar al beneficiario final de cada operación.
  • Establecer un perfil financiero y transaccional del cliente.

Personas jurídicas:

  • Solicitar certificaciones que evidencien la incorporación, vigencia, identificación de dignatarios, directores, apoderados, firmantes y sus representantes legales.
  • Tomar medidas razonables para verificar el beneficiario final.
  • Extender la debida diligencia hasta identificar la persona natural que es el beneficiario o controlador.
  • Identificar al beneficiario final de cada operación.
  • Abstenerse de realizar negocios o transacciones en caso de no contar con la certeza de la identidad del cliente o beneficiario final.

Actualización de registros y resguardo

  • Resguardar la información y documentación de la debida diligencia aplicada a las personas naturales y jurídicas por un período mínimo de 5 años contados a partir de la terminación de la relación.

Conocimiento de los clientes bajo la clasificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)

  • Adoptar una debida diligencia ampliada o reforzada del cliente para los individuos que se encuentren bajo la categoría de PEP.
  • La debida diligencia para clientes PEP debe abarcar aspectos como seguimiento continuo de las operaciones, identificación del perfil financiero y transaccional en cuanto a la fuente de su patrimonio y la fuente de fondos.
  • Contar con herramientas para identificar los clientes o beneficiarios finales de perfil PEP.

Establecer controles para la aplicación de medidas preventivas

  • No establecer una relación o realizar transacciones cuando el cliente no facilite el cumplimiento de las medidas de debida diligencia.
  • Estos controles deben ser diseñados conforme al grado de complejidad de sus actividades.
  • Realizar un análisis predictivo para sensibilizar los riesgos que puedan afectar sus productos y servicios.
  • Contemplar herramientas tecnológicas para agregar efectividad a las funciones de prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Realizar reportes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

  • Reportar a la UAF cualquier sospecha de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sanciones

Se establecen sanciones por incumplimiento de la regulación vigente sobre esta materia, tomando en cuenta la gravedad de la falta, grado de reincidencia. El incumplimiento o violación de las disposiciones establecidas en la regulación de esta materia, incurre en la imposición de sanciones como lo son:

  • Sanciones genéricas: Cuando no se establezca una sanción específica al incumplimiento de disposiciones, en un rango de B/.5,000.00 a B/.1,000,000.00 según gravedad de la falta y grado de reincidencia.
  • Sanciones específicas: Estas serán reglamentadas por los organismos de supervisión.
  • Multas progresivas: En los casos en que perdure la comisión de actos que violatorios a la ley, el organismo de supervisión podrá imponer multas progresivas hasta que se subsane la violación cometida.

Para mayor referencia, Ley 23 de 27 de abril de 2015, Resolución No.JD-002-015 de 14 de agosto de 2015 y Resolución No. I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017.

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