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Se aprueba en tercer debate proyecto de Ley No. 383

Se aprueba en tercer debate proyecto de Ley No. 383

Obligatoriedad a las empresas Offshore de mantener registros contables, entre otras disposiciones.

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El proyecto de Ley No. 383 presentado el pasado 12 de septiembre de 2016 por el Ministro de Economía y Finanzas, encargado y aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 19 de octubre de 2016, consiste en crear la obligatoriedad a las empresas establecidas en Panamá cuyas operaciones surtan sus efectos en el exterior (empresas offshore) de mantener registros contables. Aunado a esta obligatoriedad, busca crear normas para regular la suspensión provisional de derechos corporativos de las sociedades en general, así como su disolución por imperio de la ley. Este proyecto de Ley además incluye la modificación de otras normas o legislaciones.

Obligatoriedad de mantener registros contables

Con el proyecto de ley se pretende incluir como regla general que toda persona jurídica, cuyas operaciones no surtan sus efectos dentro del territorio nacional, tenga la obligación de mantener registros contables y sus respectivos documentos de respaldo. Esta norma alcanzaría también a las fundaciones de interés privado.

Para propósitos de las normas que establecen esta obligatoriedad, el proyecto de ley define registros contables como: “Datos que indiquen clara y precisamente las operaciones comerciales de las personas jurídicas, sus activos, pasivos y patrimonio; permitan determinar la situación financiera de la persona jurídica; y permitan la preparación de estados financieros de dicha persona jurídica. La amplitud de Registros Contables dependerá de la complejidad y magnitud de la actividad a la que se dedique la persona jurídica”.

Dichos registros contables se deberán mantener a disposición de las autoridades que la soliciten por un periodo no menor de cinco (5) años contados a partir de: (i) el último día del año calendario dentro del cual las transacciones para las que aplican estos registros fueron completados; o (ii) el último día del año calendario en el cual la persona jurídica cese sus operaciones.

Los mismos deberán mantenerse en las oficinas del agente residente o en cualquier otro lugar dentro o fuera del territorio nacional. En caso de que se mantengan en una oficina distinta al del agente residente, las sociedades tendrán la obligación de informar por escrito al agente residente la dirección física y datos de contacto de la persona que mantiene bajo custodia los registros contables y documentación de respaldo. Si llega a darse cualquier cambio en la dirección donde se encuentran los registros, la sociedad tendrá que informar por escrito al agente residente en un periodo no mayor de quince (15) días contados a partir de la fecha en que se aprobó el cambio respectivo. El agente residente por su parte estará obligado a llevar registro del lugar donde la sociedad mantiene sus registros contables en caso de que los mismos sean mantenidos en un lugar distinto a sus oficinas. También estarán obligados de mantener copia de los registros de acciones y accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal.

Si los registros contables se encuentren fuera del territorio nacional, la sociedad tendrá la obligación de proporcionarlos al agente residente previo requerimiento de la autoridad competente en un término no mayor de quince (15) días contados a partir de la notificación de información al agente residente. De no llegar la sociedad a proporcionarlo en el término antes indicado, el agente residente estará obligado a renunciar al cargo en un plazo no mayor de diez (10) días a partir del día siguiente de finalizado el término de quince (15) días mencionado anteriormente. Dicha renuncia del agente residente será inscrita en el Registro Público sin cargo alguno. Para efectos de esta Ley, la autoridad competente se entenderá como la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sanciones por incumplimiento

Si el agente residente no inscribe la renuncia antes indicada dentro del término establecido, la autoridad competente le impondrá una sanción de quinientos balboas (B/. 500.00) y ordenará al Registro Público la remoción definitiva del agente residente de la sociedad. Aunado a la sanción, el agente residente no podrá volver a ser inscrito con ese cargo para la misma sociedad.


Si la sociedad no cumple las obligaciones antes descritas, será sancionada por la autoridad competente con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) y quinientos balboas (B/. 100.00) por cada día en que transcurra sin que se subsane la causa que dio lugar al incumplimiento. Tampoco se podrá inscribir a un nuevo agente residente en la sociedad hasta que la autoridad competente no le comunique al Registro Público que se han subsanado las causales de incumplimiento.

Normas para regular la suspensión de derechos corporativos de sociedades y su disolución

Con esta regulación incluida en el proyecto de ley, se busca establecer la suspensión de derechos corporativos en el Registro Público y la posterior disolución a todas aquellas sociedades que tengan morosidad en la tasa única de sociedades.

Cuando una sociedad no pague la tasa única anual en el periodo que se cause de acuerdo al artículo 318-A del Código Fiscal, tendrá como efecto la no inscripción en el Registro Público de ningún acto corporativo que requiera inscribirse y no expedir certificados relativos a dicha sociedad. Dichos certificados sólo serán emitidos salvo solicitud de autoridad competente con el objetivo de que la sociedad haga valer sus derechos. Sin embargo, las renuncias unilaterales por parte de cualquier miembro de sus organismos de administración o de su agente residente podrán inscribirse aunque la sociedad se encuentre en dicha situación de mora.

Los derechos corporativos de la sociedad serán suspendidos por el Registro Público por las siguientes causales:

  1. Si luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia del agente residente anterior, la sociedad permanece por un periodo mayor de 90 días sin designar un agente residente.
  2. La sociedad haya incurrido en morosidad en el pago de la tasa única por un periodo de 3 años consecutivos previa orden de la Dirección General de Ingresos.
  3. La sociedad se encuentra morosa en el pago de una multa o sanción impuesta debidamente ejecutoriada previa orden de autoridad competente.

¿Qué implica la suspensión de los derechos corporativos de una sociedad?

La sociedad que tenga suspendidos sus derechos corporativos, le impedirá realizar lo siguiente:

  1. Iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos.
  2. Hacer reclamos o ejercer algún derecho.
  3. Realizar acción corporativa alguna que resulte obligante para la persona jurídica.

Sin embargo, aun cuando sus derechos corporativos estén suspendidos, la sociedad podrá: (i) Hacer una solicitud de reactivación; (ii) Gestionar la defensa de procesos iniciados en su contra y (iii) continuar con procesos legales instituidos en su nombre antes de la fecha de la suspensión.

Disolución y reactivación de una sociedad

Al momento en que la suspensión de los derechos corporativos de la sociedad se inscriba en el Registro Público, tendrá un periodo de dos años para reactivarla. Durante este periodo, cualquier accionista, dignatario, director, administrador, miembro del concejo fundacional, agente residente o cualquier tercero interesado, podrá solicitar la reactivación de la sociedad a fin de que recupere su plena capacidad y podrá reanudar sus actividades.

Toda persona que solicite la reactivación de una sociedad suspendida, deberá pagar una multa por reactivación de B/.1,000.00 a la autoridad competente que dictó la orden de suspensión y subsanar las causas que dieron origen a la suspensión.

Si en el plazo de los 2 años indicado anteriormente no se ha ejecutado la reactivación de la sociedad, el Registro Público procederá con su cancelación definitiva y se entenderá disuelta de manera definitiva. Una vez disuelta se procede con el proceso de liquidación.

Modificación de otras disposiciones legales

El proyecto de Ley No. 383 incluye la modificación de las siguientes normas:

  • Artículo 73 del Código de Comercio: Se elimina el párrafo que establece la no obligatoriedad de las sociedades offshore a mantener en Panamá sus registros indispensables de contabilidad.
  • Artículo 21 de la Ley 47 de 2013: Este artículo sobre la ley de custodia de acciones al portador establece que toda certificación de acciones al portador que no se haya entregado en custodia de acuerdo a esta ley, se entenderán cancelados los derechos políticos y económicos que son inherentes a dicha acción.
  • Se adiciona el artículo 9-A a la Ley 2 del 2011: Se adiciona el requisito de la certificación del agente residente que deberá ser emitida cuando la persona jurídica a través de su órgano de administración decide cambiar de agente residente. En este certificado debe constar el consentimiento del agente y que la sociedad no le adeuda sus honorarios por el cargo.
  • Se adiciona un párrafo al artículo 10 de la Ley 2 de 2011: Se incluye la potestad del agente residente de renunciar al cargo en la sociedad cuando exprese bajo gravedad de juramento que ha perdido comunicación con los accionistas o no ha recibido sus honorarios anuales por un periodo de tres (3) años consecutivos.

Entrada en vigencia de la Ley

Si el Proyecto de Ley No. 383 es sancionado por el Presidente de la República, entraría en vigencia como ley de la República a partir del 1 de enero del año 2017.

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