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Flash Fiscal - Reforma fiscal en Estados Unidos

Flash Fiscal - Reforma fiscal en Estados Unidos

La publicación del texto proporciona una primera propuesta de las reformas que se han debatido a un alto nivel

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El 2 de noviembre de 2017, después de varios meses de espera, se dio a conocer el texto de la propuesta de reforma fiscal para Estados Unidos.

 

La publicación del texto representa un paso significativo hacia la reforma fiscal más importante en ese país de los últimos 30 años y constituye la primera fase del proceso de aprobación.

 

El texto legislativo proporciona una primera lectura de los detalles de las propuestas que se han debatido a un alto nivel durante varios meses, lapso en el que se han desechado varias.

 

A continuación mencionamos los cambios que podrían afectar a las empresas con operaciones en ese país, sin dejar de mencionar que todavía existen varios procesos legislativos por cumplir, así que la propuesta de reforma puede sufrir cambios antes de ser aprobada.

 

Tasa corporativa

La pieza central del proyecto de ley es la reducción de la tasa corporativa de 35% a 20%, que entraría en vigor a partir de 2018. En el caso de entidades transparentes, la tasa del impuesto sería de 25%, con varias reglas para los negocios de personas físicas.

 

Para compensar los costos fiscales por la disminución de la tasa, el proyecto de reforma propone derogar o limitar ciertas deducciones, como la deducción de intereses a 30% del ebitda de la empresa, así como el uso de las pérdidas fiscales a 90% en cada ejercicio.

 

Impuestos a empresas multinacionales

Las modificaciones más significativas en materia internacional son las relativas al cambio de un régimen fiscal sobre una base mundial a uno territorial, así como la imposición de un nuevo gravamen a los pagos efectuados a afiliadas residentes fuera de Estados Unidos.

 

Repatriación de capitales

Actualmente, las ganancias obtenidas por subsidiarias en el extranjero de empresas estadounidenses no pagan impuesto en Estados Unidos, sino hasta que son distribuidas en forma de dividendos a su holding estadounidense.

 

A partir de 2018, esas utilidades estarán exentas de pago del impuesto en la medida en que el accionista corporativo estadounidense posea por lo menos 10% de la entidad extranjera.

 

Como transición a este nuevo sistema, el proyecto de ley considera una repatriación obligatoria de las ganancias generadas en el extranjero hasta 2017 a una tasa de 12% sobre el efectivo que se tenga en dichas subsidiarias y de 5% sobre los activos no convertibles en efectivo. El impuesto resultante podría pagarse en plazos durante ocho años.

 

De existir un flujo de efectivo desde las subsidiarias en el extranjero hacia Estados Unidos, podría repercutir en el pago de impuestos a nivel local, situación que debería analizarse en cada caso.

 

Impuesto especial a pagos al extranjero

La propuesta más novedosa y que seguramente detonará discusión y debate en las próximas semanas es la relativa a un nuevo impuesto especial de 20% sobre todos los pagos que se pretendan deducir en Estados Unidos y que sean realizados a una empresa relacionada que resida en otro país. Mediante esta disposición dichos pagos se convertirían en gastos no deducibles.

 

Entre los pagos que estarían incluidos en este nuevo gravamen pueden mencionarse las compras de bienes, servicios y regalías con la única excepción de los pagos por intereses, ya que para estos existe otro tipo de limitaciones.

 

Esta disposición afectaría a las multinacionales tanto con sede en Estados Unidos como en otros países, pues es aplicable a los pagos a empresas que formen parte del mismo grupo de reporte financiero, cuando excedan USD 100,000,000 en promedio durante los últimos tres años y entrará en vigor en enero de 2019.

 

Existe una opción para que esta disposición no sea aplicable; consiste en que la empresa extranjera que recibe los pagos elija que estos sean considerados como atribuibles a un establecimiento permanente en Estados Unidos pagando el impuesto en ese país sobre una utilidad estimada.

 

En caso de elegir esta opción, existen varios temas a considerar, dado que pueden estimarse deducciones aplicables a los ingresos atribuibles al establecimiento permanente optativo, pero solo hasta el límite que la utilidad determinada corresponda a la de esa línea de negocios de acuerdo con los estados financieros consolidados del grupo, mencionándose que se darán a conocer disposiciones de cómo aplicar este nuevo ordenamiento.

 

Como están redactadas las disposiciones, parecen encaminar a las multinacionales con operaciones en Estados Unidos a elegir tener un establecimiento permanente con el resultado de que todas las utilidades por operaciones con empresas afiliadas residentes en Estados Unidos sean gravadas en ese país, aunque la fuente de riqueza no se ubique en el mismo.

 

Esta propuesta de reforma aparentemente pretende desconocer los tratados internacionales firmados por Estados Unidos con otros países dados los siguientes hechos:

 

  • Establece un procedimiento para determinar la utilidad no reconocido en los tratados internacionales
  • Al denominarlo como un impuesto especial no caería en el ámbito de los tratados que abarcan al impuesto sobre la renta o su equivalente
  • Es un tratamiento discriminatorio con respecto a los pagos similares efectuados a residentes en Estados Unidos, aspecto que es contemplado en los tratados internacionales para evitar la doble tributación

 

En los términos de la ley mexicana, al no ser un impuesto sobre la renta y el ingreso no tener fuente de riqueza en el extranjero, el acreditamiento en México del impuesto especial pagado en Estados Unidos no sería posible; existiría entonces una doble tributación para las empresas mexicanas que reciban pagos de afiliadas residentes en Estados Unidos.

 

Una alternativa sería que el Servicio de Administración Tributaria acepte la existencia del establecimiento permanente optativo, permitiendo el acreditamiento del impuesto pagado en ese Estados Unidos con la consecuente pérdida de recaudación de impuestos en México.

 

Esta nueva propuesta no se conocía con anterioridad y forma parte de una serie de medidas que buscan evitar la erosión de la base impositiva en Estados Unidos. Es de esperar que varias empresas y gobiernos reaccionen en las próximas semanas ante esta medida que parece violatoria de los tratados internacionales en materia tributaria.

 

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