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Flash Fiscal - Declaraciones informativas BEPS: última oportunidad para acudir al juicio de amparo

Declaraciones informativas BEPS

La SCJN ya resolvió un número reducido de juicios de amparo que algunos contribuyentes decidieron presentar en contra de la entrada en vigor de esta obligación, así como otros en los que se decidió impugnar de forma aislada solo las Reglas de la Resolución Miscelánea

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Con la adición del artículo 76-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente en 2016, se estableció una nueva obligación para los contribuyentes de presentar las declaraciones informativas de partes relacionadas en materia de precios de transferencia (informativa maestra, local y país por país), de acuerdo con el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México forma parte.

 

En ese sentido, los contribuyentes que se encuentren obligados a ello deberán presentarlas, según corresponda, a más tardar el próximo 31 de diciembre de 2017.

 

Derivado de lo anterior, es importante resaltar que la forma en que se ha recogido esta obligación en México resulta inconstitucional bajo argumentos que actualmente no han sido analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

El último momento para acudir al juicio de amparo en contra de esta obligación será de forma heteroaplicativa, ante lo cual se analizará por primera vez todo el sistema normativo que la regula, esto es, la obligación emanada de la LISR, el Código Fiscal de la Federación (CFF) y las Reglas de la Resolución Miscelánea, a la luz del perjuicio concreto, personal y directo que cada compañía experimente y acredite con motivo de la aplicación que se materializará con tales declaraciones informativas. Para efectos de promover el juicio de amparo en tiempo y forma, se contará con un plazo de 15 días hábiles posteriores a la presentación de la declaración informativa que corresponda.

 

Hay que tener en cuenta el hecho de que la SCJN ya resolvió un número reducido de juicios de amparo que algunos contribuyentes decidieron presentar en contra de la entrada en vigor de esta obligación, así como otros en los que se decidió impugnar de forma aislada solo las Reglas de la Resolución Miscelánea y que, por la generalidad expresada en tales medios de defensa y sin haber acreditado un perjuicio concreto, personal y directo, la SCJN resolvió declarando constitucional tal obligación.

 

En ese sentido y no obstante lo anterior, debe señalarse que en esta última oportunidad los contribuyentes podrán promover un juicio de amparo expresando argumentos que no han sido analizados por la SCJN y que deberán resolverse bajo la aplicación del sistema normativo, acreditando el perjuicio concreto, personal y directo, lo cual es fundamental para evidenciar la falta de apego a diversos principios constitucionales.

 

Es necesario recordar que el tema de cumplimiento de obligaciones fiscales es fundamental en nuestro país; sin embargo, es necesario que las obligaciones que vayan surgiendo se apeguen a principios constitucionales y se otorgue la mayor seguridad jurídica posible a los pagadores de impuestos y más cuando no existe regulación ni garantías con respecto a la información sensible que se tiene que entregar a la autoridades, ni tampoco las sanciones y penas que deban imponerse a quien haga mal uso de tal información.

 

El control que se pretende tener con estas nuevas obligaciones y los actos de fiscalización continuarán creciendo; por ello, se requiere legítimamente que los contribuyentes eleven peticiones de un análisis profundo sobre la constitucionalidad de estas obligaciones, y la vía idónea para ello es el juicio de amparo, más al observar que en otros países (tal es el caso de Francia) se han declarado inconstitucionales, situación que también deberá ser analizada como parte del derecho comparado.

 

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