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Fiscalización por medio de tecnología

Fiscalización por medio de tecnología

Las autoridades tributarias y los contribuyentes cuentan con la capacidad de optimizar el cumplimiento fiscal gracias a medios electrónicos.

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La economía digital está cambiando e impulsando la innovación tecnológica en todos los sectores. Es una realidad expresada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), resultado de un proceso de transformación empresarial desencadenado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cuya revolución ha economizado y potenciado las tecnologías, al tiempo que las ha estandarizado ampliamente, mejorando así los procesos comerciales.

 

Derivado de lo anterior y de la velocidad a la que avanza la tecnología en los negocios, se han implementado múltiples reformas fiscales para regular el cumplimiento de la actividad económica (específicamente en el mundo digital) para efectos fiscales, llevando a las autoridades tributarias a establecer mecanismos tecnológicos que les permitan hacer más eficiente el pago de impuestos y la fiscalización, como la implementación de las facturas electrónicas.

 

Actualmente es posible identificar diversos temas de gran relevancia fiscal (que despiertan una “conciencia tributaria o tax awareness”), entre los que destaca la fiscalización por medio de la tecnología. En este contexto se cuenta con:

 

  • Facturación electrónica (comprobante fiscal digital por Internet o CFDI) de ingresos y compras
  • Obligación de llevar y enviar la contabilidad de forma electrónica
  • Disposiciones relativas al CFDI por pago de salarios
  • Buzón tributario
  • Nueva revisión electrónica
  • Declaraciones de personas físicas precargadas (se prevé que a corto plazo también funcione así para personas morales)
  • Declaraciones informativas que mensual y anualmente se presentan en formato electrónico
  • Obligación de los bancos de informar sobre depósitos en efectivo
  • Obligación de proporcionar RFC para abrir una cuenta bancaria; estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito ahora son CFDI y por ende son enviados al SAT
  • Actividades vulnerables
  • Firma de documentos mediante la FIEL (firma electrónica) ha sustituido a la firma autógrafa

 

Gracias a la interconexión de las plataformas tecnológicas, las autoridades tienen gran cantidad de información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, haciendo más sencilla la actividad fiscalizadora, provocando que todos los programas de fiscalización tengan su origen en medios electrónicos.

 

La autoridad cuenta con un control de las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes para comprobar si están o no cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Incluso, al tener el acceso directo a la contabilidad electrónica de los contribuyentes, las autoridades pueden detectar operaciones falsas e inexistentes (empresas facturadas de operaciones simuladas, EFOS, y empresas que deducen las operaciones simuladas, EDOS) y, de esta manera, ejercen las facultades previstas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

 

Todo esto implica que las autoridades fiscales sean aptas para realizar una fiscalización continua y en tiempo real por medio de revisiones electrónicas.

 

A nivel global también se han desarrollado distintas herramientas tecnológicas que facilitan el intercambio de información fiscal por medios electrónicos, como la plataforma Onesource, que permite a la autoridad analizar cada paso del proceso de fijación de precios de transferencia, así como generar una base de información para el cálculo de préstamos y riesgos, además de consultas de noticias e información, en adición a la red de tratados internacionales y acuerdos de intercambio de información, junto con toda la regulación que gira alrededor de la iniciativa de base erosion and profit shifting (BEPS) de la OCDE.

 

Desde luego, esta situación es capaz de generar complicaciones para aquellos contribuyentes que no han cumplido con lo debido o que se encuentran en la búsqueda de prácticas carentes de sustancia, cuyo fin es eludir o evadir la obligación constitucional de contribuir al gasto público en la forma proporcional y equitativa de que dispongan las leyes.

 

Por otro lado, la defensa de los derechos del contribuyente también ha evolucionado, aprovechando los medios electrónicos. Tal es el caso del recurso administrativo de revocación que, obligatoriamente, debe interponerse por medio del buzón tributario, o de los juicios de nulidad y de amparo, en los que puede optarse por interponerlos por vía electrónica o tradicional.

 

Otro claro ejemplo de evolución en este sentido es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que ha incluido dentro de los supuestos de procedencia en la tramitación de acuerdos conclusivos las observaciones consignadas dentro de las revisiones electrónicas. Solo entre septiembre de 2016 y enero de 2017 se solicitó la suscripción de más de 40 acuerdos conclusivos en relación con dichas revisiones electrónicas con éxito.

 

Es claro que cada vez será más intensa la actividad fiscalizadora y ello será un detonante natural para que también crezcan las controversias fiscales, en el entendido de que la tecnología se empieza a convertir en un aliado para los contribuyentes y también para las autoridades encargadas de vigilar que estos cumplan sus obligaciones.

 

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