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Un año de avances hacia cambios de fondo

Un año de avances hacia cambios de fondo

De acuerdo a un análisis realizado por el equipo de profesionales de impuestos de KPMG Argentina...

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Buenos Aires 19 de enero de 2017 / KPMG Argentina. De acuerdo a un análisis realizado por el equipo de profesionales de impuestos de KPMG Argentina, acerca de los principales temas de la agenda impositiva que deja 2016, el primer año del nuevo gobierno argentino estuvo marcado por una serie de medidas en materia impositiva orientadas a ayudar fiscalmente a la reactivación de la economía para salir del proceso recesivo, aunque aún existen áreas que requieren una profunda revisión.

“Uno de los sectores productivos a los cuales se le intentó morigerar la excesiva carga tributaria es el compuesto por las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), ello con sustento en el impacto que dicho sector tiene sobre la economía real. En tal sentido, se otorgó un tratamiento fiscal diferencial a las PyMes destacándose la posibilidad del cómputo de entre el 50% al 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios como crédito de impuesto, la no aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para los ejercicios que se inicien desde el 1 de enero de 2017, el pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias por inversiones productivas, el diferimiento de 90 días para el pago del IVA, entre otras medidas. También se procuró dotar de mayor competitividad al sector exportador y se eliminaron –total o parcialmente, dependiendo de las características de los bienes- las retenciones a las exportaciones lo que venía siendo una demanda del sector con sustento en la baja de algunos precios internacionales”, se afirma.

Otro tema que resaltan los expertos sobre el año concluido está relacionado a la Ley N° 27.260 que introdujo el régimen de sinceramiento fiscal, norma que, entienden, está en línea con lo recomendado por la OCDE considerando el intercambio de información financiera a nivel internacional que entró en vigencia a partir de enero de 2017. “Particularmente en la Argentina, además de ser una oportunidad de regularizar su situación fiscal para aquellos contribuyentes que tienen activos sin declarar, se espera que el blanqueo también aporte a la recuperación económica. A tal fin, se previó la posibilidad de blanquear activos evitando el pago del impuesto especial a cambio de invertir el dinero a regularizar en Fondos Comunes de Inversión cerrados -creados a tal efecto- los que deberán financiar proyectos de la economía real tales como emprendimiento inmobiliarios, energía renovable, inversión productiva, entre otros”, se afirma para agregar que “adicionalmente se introduce la derogación del cuestionado Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para los ejercicios fiscales iniciados el 1 de enero de 2019.

Observamos que esta medida está en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inconstitucional este gravamen cuando las empresas presentaban pérdida contable y pérdida impositiva”. Otros puntos que se destacan de esta normativa es la derogación del impuesto a los dividendos y la inclusión del beneficio de la exención del Impuesto sobre los Bienes Personales por los ejercicios 2016, 2017 y 2018 o de la primera cuota del SAC del 2016 del Impuesto a las Ganancias para los “contribuyentes cumplidores”. Esta es la primera vez que se introduce un sistema de premios y castigos en el marco de un programa de blanqueo de capitales. Si bien es una medida alentadora tendiente a crear una cultura tributaria en la sociedad, quizás la misma pierda efectividad por la escasa cuantía del premio.

Fin del cepo

El trabajo del equipo de profesionales de KPMG Argentina sostiene que la salida del “cepo cambiario” también trajo su correlato en materia impositiva con la eliminación de los regímenes de percepción del Impuesto a las Ganancias por la compra de moneda extranjera y/o la adquisición de bienes y servicios en el exterior, pero que estas medidas son solo paliativos en un sistema tributario que debe ser revisado considerando la magnitud de la carga tributaria y la existencia de impuestos que generan distorsiones. Solo a modo de ejemplo se cita el caso del Impuesto a las Ganancias: “el reconocimiento oficial de la inflación no ha llegado aún a la liquidación impositiva pagándose impuesto sobre ganancias nominales en un escenario en el que la inflación anual ronda el 40%.”
Respecto de las rentas derivadas del trabajo personal, los especialistas sostienen que la falta de actualización desde el año 2000 de las deducciones generales y de la tabla que fijaba las alícuotas de tributación desvirtuaba totalmente la razonabilidad del gravamen y se ha logrado un avance parcial en este respecto a partir de la sanción de la Ley 27.346.

Se agrega que la creación de la “Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria” promovida por la citada Ley N° 27.260 puede ser el puntapié de partida en este orden. La citada comisión deberá entregar un proyecto de reforma al Poder Ejecutivo que contemple -según lo expresamente mencionado en la ley- fortalecer la equidad de la presión tributaria, profundizar su progresividad, simplificar su estructura y administración, fortalecer la complementariedad y coordinación federal y propender al establecimiento gradual de las reformas, dotando de mayor previsibilidad a la acción del Estado en función de reducir los grados de incertidumbre del contribuyente. Entienden que este último aspecto –la certidumbre- es de vital importancia en un país necesitado de inversión privada.

Por último, se afirma que aún queda un largo camino por recorrer en busca de un sistema tributario armónico capaz no sólo de abastecer al Estado con los recursos genuinos y necesarios para hacer frente a los gastos que afronta sino que ello lo logre respetando los principios tributarios –tales como la capacidad contributiva, la equidad, la igualdad- que lo hagan justo y razonable.

Modificaciones del Impuesto a las Ganancias

Desde el punto de vista de las modificaciones realizadas al Impuesto a las Ganancias de Cuarta Categoría se puede considerar que son positivas en tanto han receptado alguno de los reclamos de los distintos sectores afectados por el Impuesto, generando un alivio para los sectores con ingresos bajos y medios, aunque algunos de los supuestos introducidos pueden tornar dificultosa su aplicación práctica. Otro tema importante es que se establece la actualización anual de las deducciones personales y escala del Impuesto por el coeficiente que surja de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), dando de esta manera respuesta a los numerosos reclamos en esta materia. Este mecanismo establecido por ley elimina la necesidad de depender para las modificaciones de la voluntad política del gobierno de turno o de discusiones en el Congreso. Desde otro punto de vista, si bien se han receptado algunos de los reclamos provenientes de distintos sectores afectados por el Impuesto, como la incidencia del impuesto respecto del SAC, tratamiento de los viáticos, así como la forma de considerar a las horas extras –entre otros- valorables desde la respuesta a los reclamos realizados, entendemos que su aplicación efectiva hace necesaria la aclaración por parte de la autoridad de aplicación para no dar lugar a incorrectas interpretaciones. La falta de claridad en la normativa genera múltiples inconvenientes, como ya ha ocurrido durante los períodos 2013 -2015. La falta de simplificación genera errores que pueden perjudicar tanto al fisco como a los propios trabajadores y exponer a los contribuyentes a sanciones. En este sentido, cabe mencionar que la progresividad del Impuesto así como la no afectación de los trabajadores con menores ingresos debería estar dada por el ajuste de la escala y en cierta medida por las deducciones personales; por lo tanto, excluir o incluir determinados conceptos dentro de la base de cálculo del Impuesto, puede dar lugar a incorrectas interpretaciones o a abusos de determinadas situaciones. Sin duda alguna la complejidad de cualquier Impuesto no ayuda a contribuir con la recaudación y favorece la evasión.

La reforma de Ganancias hay que considerarla como un comienzo, pero no brinda aún la solución de fondo al problema que se ha generado en estos años. Si bien se han actualizado los valores de las deducciones personales y la escala del Impuesto, es necesario ajustar aún más esos valores, así como los del resto de las deducciones contempladas por la normativa vigente, como por ejemplo la deducción por intereses de créditos hipotecarios. En este sentido, la escala propuesta para el 2017 importa un incremento en el último tramo de aproximadamente 167%. Hasta diciembre de 2016 se encontraban en la tasa máxima del impuesto aquellos sujetos que percibían una remuneración neta superior a $ 120.000 anuales, mientras que por el período 2017 este límite se fija en $ 320.000 anuales. Recordamos que en el Proyecto original el límite máximo era $ 426.000.

Si bien el ajuste en la escala del Impuesto es una modificación esperada –tal como surgía implícitamente del mensaje de envío del Proyecto original- no contempla la evolución de las variables económicas experimentada desde 1999 –año en el que habían sido modificadas las escalas por última vez- al 2016, es por ello que más allá de la actualización anual consideramos que la definición de las escalas debe ser analizada nuevamente. No debemos olvidar que muchas de las distorsiones que hoy vivimos y que generan el reclamo de los sectores sindicales provienen de la falta de actualización de la escala del Impuesto. Por último, quedan aún aspectos pendientes de resolución como la esperada equiparación del tratamiento impositivo de autónomos con el de los asalariados.

Impuestos y la opinión empresaria

Una encuesta realizada en diciembre por KPMG Argentina a 80 ejecutivos de empresas sobre el impacto del actual sistema tributario en los negocios, y la eficiencia de la justicia nacional y provincial en materia impositiva, dejó como una de sus principales conclusiones que la elevada presión tributaria todavía condiciona a las inversiones que necesita el país. El impuesto sobre los ingresos brutos es el que más influye negativamente. Hay un reconocimiento de que el sistema tributario argentino impacta negativamente en la toma de decisiones de financiamiento y en la evaluación de nuevos proyectos de inversión. Del análisis de los resultados obtenidos se destacan los siguientes temas: Incidencia fiscal en costos y precios: mayoritariamente las empresas señalan que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el gravamen que más afecta la conformación de los precios por su incidencia creciente en los costos. En segundo lugar se encuentra el Impuesto a las Ganancias. Ambos influyen fuertemente en la determinación de precios de productos y servicios. Ingresos Brutos produce una fuerte distorsión que afecta a todas las etapas productivas ya que cada fase de producción acumula el impuesto pagado en la instancia anterior. Este aspecto aún no ha sido identificado por los ciudadanos que no advierten que las subas significativas de la tasa del impuesto provincial dificultan aún más el acceso a bienes y servicios.
La encuesta señala que la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba, en ese orden, son las jurisdicciones donde los impuestos son más determinantes en los precios.

Esto puede obedecer conjuntamente a la alta presión tributaria y a la incidencia que tienen esas jurisdicciones en los procesos productivos y comerciales en el país. Como la influencia de Ingresos Brutos en los precios de productos y servicios es muy alta, estas tres jurisdicciones tienen el "mérito" de ser señaladas como las responsables de esos mayores costos y consecuentemente su traslado a precios. Vale mencionar también la identificación de las provincias de Santa Fe y Misiones. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, tiene un carácter distorsivo al no aceptarse el ajuste por inflación. Finalmente, las empresas consultadas reconocen que el sistema tributario argentino tal cual está conformado incide negativamente en la toma de financiamiento y en la evaluación de nuevos proyectos de inversión. Impuestos, agencias de recaudación y accionar de la Justicia: Cuando se preguntó acerca de la objetividad de la AFIP en cuanto al trabajo que desarrolla, sobre un puntaje de 1 a 10, el 62 % de las respuestas estuvieron en el rango de 5 a 7, es decir existe una evaluación media sobre el organismo recaudatorio. Distinta es la valoración de los fiscos provinciales. El 61% señala una baja consideración de entre 1 a 4 puntos de la escala de 10, opinión que es correlativa a la que se expresa sobre la objetividad de los sistemas judiciales provinciales en materia de impuestos. “Esta valoración baja de aspectos fundamentales como la objetividad de la autoridad fiscal y de la justicia a nivel provincial marca la necesidad de mejorar la seguridad jurídica de las provincias para construir un futuro desarrollo económico. En cambio, la Justicia Nacional con injerencia en temas impositivos fue evaluada mejor”, explicó Fernando Quiroga Lafargue, Socio de Impuestos de KPMG y responsable de la encuesta. También una opinión intermedia tienen los consultados acerca de los conocimientos técnicos de los funcionarios de la AFIP: un 64 % de los encuestados los valora entre 5 y 7 puntos. Respecto a las Direcciones de Rentas provinciales, el 55 % las calificó en un rango de entre 5 y 7 puntos, aunque en este caso vale destacar que un 44% tiene una baja consideración ya que fueron evaluadas entre 1 y 4.

Sinceramiento fiscal e informalidad económica: Una amplia mayoría de las respuestas (78%) indica que el sinceramiento fiscal será exitoso. Sin embargo, surge una postura escéptica ya que el 56% cree que quien no lo haga no recibirá sanciones (19%) o tendrá otras oportunidades de regularizar (37%). No obstante ello, un 44% considera que, finalmente, el costo impositivo será mayor para quien no adhiera. Por su parte, el 54% manifiesta cierto temor por eventuales filtraciones de información que puedan producirse por parte de funcionarios; y un 69 % cree que son insuficiente para los contribuyentes cumplidores los beneficios que establece el régimen de blanqueo. Si bien existe una visión mayoritaria de que el régimen de sinceramiento resultará exitoso, un 72 % de los encuestados considera que la recaudación del Impuesto a las Ganancias y la de Bienes Personales post blanqueo será mayor pero no significativamente.

Otra visión de los encuestados indica que el 79% cree que el sistema tributario actual no es funcional para bajar la alta informalidad económica de la Argentina. “Esta visión permite interpretar que quienes adhieran al sinceramiento no necesariamente interrumpirán la futura generación de ingresos informales. Es un aspecto clave a tener en cuenta ya que sin un sistema tributario funcional a ampliar la base de contribuyentes y a bajar la informalidad económica, los avances que puedan hacerse desde un régimen de blanqueo pueden no ser efectivos como se pretende”, agregaron los profesionales de KPMG.

Por último, cuando se preguntó acerca de las perspectivas impositivas para 2017 los encuestados pronostican en un 52% que habrá igual presión fiscal que en 2016; y un 47% que será mayor; mientras que solo el 1% piensa en una disminución. En conclusión, se puede advertir una visión escéptica y algo pesimista con relación a la evolución de los impuestos durante el año 2017 en especial los relacionados a los impuestos provinciales. En el mismo sentido la percepción de la baja objetividad en las autoridades fiscales y judiciales pone a las provincias bajo la lupa ante la necesidad de atraer inversiones e incentivar la actividad privada.-

 

Fin
 

Referentes del análisis

  • Fernando Quiroga Lafargue, Socio de Impuestos de KPMG.
  • Analía Saitta, Socia Tax & Legal KPMG Argentina.
  • Christian Quintian, Director Impuestos & Legales KPMG Argentina.
  • Richard Amaro, Consultor Senior KPMG Argentina.

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