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Impacto potencial de la nueva ley de generación distribuida en argentina a partir de fuentes renovables

Impacto potencial de la nueva ley de generación...

El desafío de las energías limpias

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Impacto potencial de la nueva ley de generación distribuida en argentina a partir de fuentes renovables

La nueva ley N° 27.424 contribuirá a alcanzar las metas establecidas en el régimen de fomento al uso de energías renovables (ley N° 27.191) y acelerará el proceso de inversiones en los próximos años.

 

Introducción 

El reciente viraje de la mayoría de los países hacia una mayor contribución de las energías limpias en la producción/generación eléctrica encuentra varias justificaciones, entre las cuales pueden destacarse la sustentabilidad en el tiempo, ya que son recursos o fuentes de generación renovables; su insustituible aporte a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente de dióxido de carbono (o CO2, producto exclusivo del consumo de carbón y otros combustibles fósiles como petróleo y gas); la mayor seguridad energética que proporcionan al conformar un recurso inagotable; la menor dependencia de otras fuentes que operan a partir de recursos no renovables (como son el petróleo, el gas o el carbón), y cuya distribución geográfica puede carecer de homogeneidad o su extracción puede ser económicamente inviable; y, finalmente, su economicidad, ya que al liberarse en parte de la dependencia de los combustibles fósiles muchos países ahorran divisas que pueden ser destinadas a otros fines más productivos, y porque estudios recientes en la materia estiman que en el mediano a largo plazo las economías de escala de estas tecnologías comenzarán a operar y, por ende, caerán significativamente los costos de capital y operación asociados a las mismas.

Si bien Argentina se encuentra entre los países que, de a poco, se suman a este cambio, no ha logrado aún reducir de manera significativa la incidencia de los combustibles fósiles en su matriz energética primaria y eléctrica. En efecto, desde el año 1998 el país posee un marco jurídico que busca promover las energías renovables, el cual se encuentra delimitado por la ley N° 25.019/1998, que propone un régimen de promoción para la energía eólica y solar; la ley N° 26.190/2007, que buscó complementar la normativa anterior incluyendo otros tipos de energías renovables (como son la geotérmica, la mareomotriz, la hidráulica, la biomasa y el biogás) y, finalmente, la ley N° 27.191/2015 de fomento para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, que propone alcanzar para fines de 2025 una participación del 20% de estas fuentes en la generación de toda la energía eléctrica consumida localmente. Asimismo, y para cumplir con los objetivos planteados en esta última ley, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) lanzó en 2016 el programa RenovAr, que consistió en una serie de llamados a licitación para adicionar nuevas fuentes de generación de energía limpia a la matriz eléctrica nacional y, en paralelo, fomentar la competencia y una caída en los costos y precios de las mismas. Hasta el último llamado (2017), las adjudicaciones del programa registran alrededor de 4500 MW de potencia, distribuidos en 147 proyectos, que deben añadirse al sistema en los próximos años a un costo promedio que alcanzó los US$/MWh 555.
Aunque las inversiones en estas fuentes de energía han encontrado recientemente algunos obstáculos, entre los cuales destacan la necesidad de actualizar y ampliar el sistema de transporte eléctrico vigente en conjunto a otros temas relacionados con la realidad económica y política del país, los niveles de esta variable se encuentran en pleno ascenso desde 2011, acumulando, hasta 2016, alrededor de US$ 2.200 millones gracias al empuje brindado por el programa RenovAr y las firmes intenciones del Gobierno Nacional de hacer crecer la oferta de energías limpias, reduciendo, al mismo tiempo, la dependencia de los combustibles fósiles (que desde 2011 han generado serios inconvenientes al balance comercial energético en respuesta al incremento de las importaciones y al déficit productivo que aún vive industria local de petróleo y gas).

En este contexto, el fomento doméstico a la Generación Distribuida de energía (GD) a partir de fuentes renovables conforma una estrategia adicional que va en el mismo sentido. La GD, en términos generales, refiere a la generación eléctrica descentralizada o dispersa proveniente de un conjunto numeroso de pequeñas fuentes ubicadas en lugares próximos a donde se produce el consumo; o, más precisamente, aquella que conectada a la red de distribución de energía eléctrica se caracteriza por encontrarse instalada en esos puntos, facilitando el autoconsumo. Son características generales de la GD: i) la reducción de las pérdidas de transmisión en la redes –al menos hasta cierto umbral o límite que depende, entre otros factores, de la ubicación y el grado de penetración de la GD6 –, ii) la inyección del total o excedente de la energía producida, iii) y el hecho de que suelen poseer potencias menores y una escala de producción que puede ser tanto comercial (donde se inyecta el total de la energía generada) como individual (donde se inyecta solo el excedente). Asimismo, la GD, si está apoyada en fuentes renovables, amén de poseer una generación típicamente más pequeña, permite otros beneficios que tienen más que ver con el medio ambiente y la posibilidad de reducir los costos de generación a futuro. En Argentina, la GD se encuentra limitada por la ley N° 27.424/2017 (régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública), “a la generación de energía eléctrica por parte de los usuarios del servicio público de distribución que se encuentren conectados a la red del prestador y que, para inyectar los excedentes producidos, deben reunir los requisitos técnicos establecidos en la regulación” (artículo 3ero, inciso h).

Del mismo modo, resulta importante aclarar que el escenario adecuado para el desarrollo de la GD es aquel donde exista lo que se conoce como paridad de red, es decir donde el precio de la energía vendida por el distribuidor sea equiparable al precio de generarla por cuenta propia y exista la posibilidad de recuperar la inversión efectuada por el pequeño productor en el corto a mediano plazo. Es por esta razón que, en la normativa, las autoridades suelen fijar el mecanismo de facturación o estructura tarifaria que más se adecue a las condiciones del mercado eléctrico local con el objetivo de fomentar la GD (en Argentina, por ejemplo, se optó por el net-billing, o balance neto de facturación). En efecto, los dos principales obstáculos que encuentran los gobiernos al pretender fomentar la GD son la falta de legislación (que permita la inyección de energía eléctrica a la red por parte de pequeños generadores) y la inexistencia de un mercado que asegure un retorno adecuado por la generación a pequeña escala (y la posterior recuperación de la inversión).

Como señalan algunos estudios de referencia en la materia, el fundamento principal de esta práctica mediante el uso de fuentes renovables y la sanción de una ley que le dé un marco de acción es, básicamente, la reducción de los costos en la generación de energía eléctrica, los cuales suelen impactar de manera directa en los costos totales de producción de la industria afectando la competitividad y el crecimiento de la economía. Asimismo, el fomento de la GD a través de medidas y políticas públicas imparte otros beneficios, en particular un incremento (aunque marginal) de la competitividad-precio de la energía eléctrica puertas adentro, situación que es promovida por la descentralización en la generación y provisión de energía al sistema; la reducción, hasta cierto límite, de las pérdidas de energía en las redes de distribución (ya que la energía se genera en el punto de consumo); y, entre otras, el desarrollo de una nueva industria verde (es decir, si el mercado es lo suficientemente grande y existen los incentivos adecuados, el desarrollo de una industria focalizada en la fabricación de equipos de energías renovables puede conformar un resultado adicional que beneficie social y económicamente al sistema).

El objetivo de este trabajo es analizar el potencial impacto en Argentina de la nueva ley de generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables (ley N° 27.424 del 2017) –que denominaremos LGD de aquí en más– y los beneficios que ésta podría promover tanto en términos del incremento en la contribución de energías limpias sobre la matriz de generación eléctrica nacional como así también en lo relacionado al ahorro en divisas producto de una menor dependencia respecto de los combustibles fósiles. Para ello se efectúa un análisis sucinto sobre la experiencia de algunos países de la región (que ya han implementado la tecnología, aunque no exclusivamente mediante del uso de energías renovables), como así también el caso de Dinamarca, uno de los países con mayor penetración de GD a nivel global; para luego intentar aproximar los potenciales efectos a futuro para la Argentina.

Ver los gráficos, referencias y textos completos en el informe adjunto.
 

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